CONDUCIR SIN CARNET HOY

PONCE_DE_LEON_OPINION_JURIDICA_DERECHO_PENAL_SANTIAGO_FERNANDEZ_ALVARE_CONDUCIR_SIN_CARNETEl Tribunal Supremo analiza sus consecuencias

 

A la vuelta de vacaciones, son muchos los españoles que multados debido a numerosas infracciones viales entre las cuales, según fuentes de la Dirección General de Tráfico, destacan conducir bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicotrópicas, el exceso de velocidad y conducir sin el preceptivo permiso. Este último es quizá una de las figuras más desconocidas, pues han sido muchas las afirmaciones y rumores publicados en distintos foros y en internet que confunden al usuario con teorías extrañas, confusión que afecta también a los tribunales, incluyendo Audiencias Providenciales, que han tratado de forma distinta esta infracción.

 Por todo ello, es importante la reciente sentencia de fecha veintidós de julio, dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, que pretende unificar la doctrina al respecto.

Los antecedentes de hecho conforman un caso de manual: un hombre conduce un ciclomotor sin el preceptivo permiso, siendo posteriormente detenido por la Guardia Civil que denuncia la infracción. El asunto se complica cuando el Juzgado de lo penal competente absuelve al infractor del delito penal tipificado en el artículo 384.2 del CP, cuyo tenor literal expresa que “ (…)será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 2.- La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.”. Ello conduce al Ministerio Fiscal a presentar apelación ante la Audiencia Provincial, siendo ésta desestimada tras razonar que el hecho no tiene suficiente entidad como para considerarlo delito pues existe una sanción administrativa que lo castiga. Con fundamento en el art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Para el Tribunal, el argumento principal de la Audiencia de origen, que se fundamenta en la Sentencia del Pleno de la misma de 08/02/2013 , es que, ante la coincidencia exacta entre la descripción que incorpora el artículo 384.2 CP y la correlativa infracción administrativa, prevista a la fecha de los hechos en el artículo 65, 5.K del Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 de marzo sobre “Tráfico , Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial” en su redacción dada por la Ley 18/2009 de 23 de noviembre, aquel requiere un plus que justifique el reproche penal frente al administrativo sancionador, integrando la descripción legal con la exigencia de un peligro superior al meramente abstracto que surge de la simple circunstancia de conducir sin haber obtenido la correspondiente licencia. En este caso entendió que ese plus de riesgo no constó acreditado, y tampoco una lesión del bien jurídico que justificara la intervención penal, surgiendo la controversia y la cuestión penal más importante: ¿Es lesionado el bien jurídico protegido por el Código Penal cuando un sujeto conduce sin carnet, pero no han concurrido en su acción otros factores que supusieran un actual o potencial riesgo?;  ¿Existe incompatibilidad entre la sanción administrativa prevista para esta conducta y la aplicación penal del citado precepto?

Respecto a la primera pregunta, la respuesta del Tribunal comienza alertando sobre la naturaleza del delito, pues advierte que se trata de un delito de peligro abstracto, calificado así por el legislador en el Preámbulo de la L.O. 5/2010 de 22 de julio, última norma que modificó el precepto, y por la Sala en sus SSTS 507/2013 de 20 de junio y 335/2016 de 21 de abril, en las que se afirma que el tipo obedece a la idea de preservar el bien jurídico protegido que se pone en peligro cuando quien maneja el vehículo de motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad.

Ello queda reforzado por el tenor literal de la sentencia, después avalada por el pleno del Alto Tribunal, 369/2017 de 22 de mayo al expresar que “no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor. El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma.”

En respuesta a la segunda cuestión,  el Tribunal concluye que el tipo penal sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse licencia pero no ser adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso, como así expresan los arts. 34 a 40 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. Y añade «… todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa».

Recogiendo todo lo anterior, cabe concluir que, de ahora en adelante, toda persona que conduzca sin el carnet de conducir deberá responder por un delito penal y hacer frente a una sanción administrativa, criterio nada rígido teniendo en cuenta que las muertes en carretera suponen a día de hoy una de las mayores causas de mortalidad en nuestro país.

 

Francisco Santiago Fernández Álvarez, abogado.

 

 

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