Prueba judicial y empresas internacionales

 

PONCE_DE_LEON_ABOGADOS_MADRID_OPINION_JURIDICA_BLOG_DERECHO_PENAL_SANTIAGO_FERNANDEZ_ALVAREZ_PRUEBA_JUDICIAL_EMPRESAS_INTERNACIONALESEn plena globalización, es necesario revisar los cambios jurisprudenciales acerca de la prueba.

 

Tal y como advertimos en artículos anteriores, el delito de estafa ha experimentado un claro auge y con él la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay casos especialmente complejos en los que el autor se vale de una estructura, empresarial o financiera, repartida en diversos países, de la que se sirve para engañar a terceros inversores de buena fe y para mover el dinero con rapidez de un país a otro. De esta manera, se dificulta una  labor de la justicia que va a entrar en conflicto muchas veces con el derecho internacional, con paraísos fiscales o con la negativa de las autoridades extranjeras a colaborar. Es necesario revisar lo que el Ordenamiento y la jurisprudencia sostienen acerca de la prueba y de cómo aplicarlo en este tipo de casos, ya sea como defensa o como acusación.

En estos delitos, la defensa suele fortalecer su argumentación con todo tipo de certificaciones o periciales realizadas en terceros países ajenos a la Unión Europea, destino favorito de estas conductas, con la finalidad de demostrar la autenticidad y licitud de esa estructura empresarial de la que el juez apenas podrá comprobar la veracidad de su contenido sin aletargar el procedimiento hasta el infinito. Por ello, estas solicitudes de prueba suelen denegarse bajo el fundamento de que, el delito, se ha cometido en territorio nacional y deberá valerse de las pruebas en este ámbito. La jurisprudencia consultada revela que en muchas ocasiones el recurso recoge como motivo casacional la infracción de precepto constitucional, al amparo del arts. 852 LECrim , y 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.2 CE , por la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El recurrente suele  considerar que no existen pruebas de cargo suficientes para ser condenado y que, las posibles pruebas indiciarias,  no tienen tampoco el peso para inferir la participación delictiva del acusado.

Según abundante jurisprudencia, la alegación sobre la vulneración de la presunción de inocencia en el recurso de casación, puede ir orientada a negar la existencia de prueba;  su validez; el  poder probatorio o demostrativo o a cuestionar la racionalidad del proceso valorativo efectuado por el Tribunal sobre las pruebas disponibles. Ante esta alegación, el Tribunal Supremo suele realizar una triple comprobación:

a) Que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él.

b) La validez de las pruebas , es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica.

c) Que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas, que son la base de la condena y siempre teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica y del criterio humano y no es, por lo tanto, irracional, manifiestamente errónea o arbitraria( STS 3/10/2005 ).

Ello no implica una autorización, en favor del Alto Tribunal, para invadir el campo de la valoración de la prueba pues constituye una facultad que corresponde  al Tribunal de instancia ante el cual se practica y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada. Cuando se trata de pruebas personales, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que merecen quienes declaran ante el Tribunal corresponde al órgano jurisdiccional de instancia, en virtud de la inmediación , sin que su criterio pueda ser sustituido en casación salvo en  casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho, no apreciados en su momento,  que puedan poner de relieve una valoración arbitraria. En este sentido, la STS  951/99, de 14 de junio de 1999 , declara que “el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos .Por el contrario, son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio, queda fuera de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación” (SSTS 22-9-1992 y 30-3-1993 ; 2-10-2003, nº 1266/2003 ).

Ligado a esta posible vulneración de  la presunción de inocencia, fundamentada en la falta de prueba suficiente, suele esgrimirse otro motivo conexo, al amparo del art 852 LECrim , y 5.4 LOPJ , en relación con el art 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. En definitiva, el autor suele considerar que  le ha sido  denegada indebidamente la prueba pericial propuesta por él mismo al inicio del juicio oral, relativas a la autenticidad y legalidad de su empresa o negocio con el que, presunta y normalmente, ha conseguido captar nuevos inversores.

El Tribunal Supremo ha recordado reiteradamente (SSTS. 64/2004, 788/2012 ,157/2012 ,629/2011, 111/2010), la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un juicio justo “con proscripción de la indefensión“. Así la Constitución, entre los derechos que consagra el art. 24 CE, sitúa el derecho a usar los medios de prueba que se estimen pertinentes para la defensa. También ha señalado que el derecho a la prueba no es absoluto, ni  que se configura como un derecho ilimitado o incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes o a que se practiquen todas las admitidas con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad. Por ello, el reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar, en cuanto a la admisión, la pertinencia de las pruebas propuestas “rechazando las demás” (art. 659 y 785,1 de la LECrim ).

El Tribunal Constitucional ha venido configurando este Derecho Fundamental en múltiples resoluciones y las conclusiones que se extraen en dichos pronunciamientos podemos resumirlos en:

a) La conculcación del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, situado en el marco de su derecho fundamental más genérico como es el derecho de defensa, solo adquiere relevancia constitucional cuando produce real y efectiva indefensión. La STC. 198/97 dice: “el rechazo irregular de la prueba por el Órgano jurisdiccional no determina necesariamente la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por si sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para que así sea el defecto procesal ha de tener una indefensión material concreta, por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia de indefensión desde la perspectiva constitucional“.

b) El juicio de pertinencia, límite legal al ejercicio del derecho, resulta de la exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios, los cuales vienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen las pruebas propuestas. La STC. 25/97 precisa: “el art. 24.2 CE . permite que un Órgano judicial inadmita un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, por consiguiente, al Juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinentes, sino únicamente aquellos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales, pero resulta inaceptable, con toda evidencia, la posibilidad de que el Juez, sin motivación, rechace las pruebas interesadas”.

c) Solo corresponderá al Tribunal Constitucional la revisión sobre la declaración de pertinencia de las pruebas, cuando esta resulte absurda, incongruente o cuando en él se haya rechazado una diligencia no solo pertinente sino con trascendencia para modificar el sentido de la decisión final. La STC. 178/98 recoge “quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de la controversia, ya que sólo en tal caso podrá apreciarse el menoscabo efectivo del derecho de quienes por este motivo buscan amparo“.

Ahora bien, como ya hemos adelantado, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estima pertinentes a su defensa “sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales. Dos elementos han de ser valorados a este respecto: la pertinencia y relevancia de la prueba propuesta. Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio y constituye: “tema adiuvandi“, juicio de oportunidad o adecuación. No obstante tal condición de hallarse relacionada o entrelazada con el proceso, no supone que deba ser admitida inexcusablemente. Los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso sin dilaciones indebidas y los principios de economía procesal, pueden mover al órgano jurisdiccional a inadmitir diligencias de prueba que ostenten la cualidad de pertinentes por diferentes razones, fundamentalmente por considerarlas superfluas, redundantes o desproporcionadas en relación a la infracción objeto de enjuiciamiento. Y en cuanto a la relevancia del medio probatorio ha de distinguirse entre la relevancia formal y la material -que es la verdaderamente trascendente- y que debe apreciarse cuando la no realización de tal prueba, por su relación con los hechos a los que se anuda la condena o la absolución u otra consecuencia penal relevante, pudo alterar la sentencia en favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el contenido de esta. Por último debe exigirse que la prueba sea además necesaria, es decir tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone ( SSTS. 9.2.95 , 16.12.96 ) de modo que su omisión le cause indefensión ( SSTS.8.11.92 y 15.11.94 ) a diferencia de la pertinencia que se mueve en el ámbito de la, la “necesidad” de su ejecución se desenvuelve en el terreno de la práctica, de manera que medios probatorios inicialmente considerados como pertinentes, pueden lícitamente no realizarse por muy diversas circunstancias ( STS. 21.3.95 ), que eliminen de manera sobrevenida su condición de indispensable y forzosa, como cualidades distintas de la oportunidad y adecuación propias de la idea de pertinencia.

 

 

Francisco Santiago Fernández Álvarez, abogado experto en Derecho Penal.

 

 

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.