Prevaricación: Si el juez alteró los hechos

Analizamos uno de los principales motivos de recurso de casación en delitos contra la Administración

 

 

Los principales motivos de casación en delitos contra la Administración formulados ante el Tribunal Supremo son por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrSe entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: 1. Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal. 2. Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.”.

Este motivo es conocido en Derecho como el “error iuris”, del cual asentada  jurisprudencia ha señalado que  es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si la primera instancia aplicó correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. “De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884.3 LECr “. (STS 579/2014). Los hechos probados, como bien se sabe, están formados por el relato de los que la primera instancia considere efectivamente acreditados que habrá presenciado con el encargo constitucional y legal de evaluarlos. Así, los hechos probados deberán entrar en la sentencia inequívoca y definitivamente fijados como tales. Es cierto que el Tribunal de casación podría haber introducido en la sentencia introducir alguna variación en los mismos e incluso haberlos privarlos de esa condición, lo que supone un cauce de impugnación previsto en el art. 849.2 LECrim y, al mimso tiempo, por entender producida una vulneración del derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio. Pero, en todo caso, existe un límite máximo que impide al Tribunal Supremo a subrogarse en el papel del juez de la primera instancia en la  fijación de los hechos imputados que pudieran merecer la condición de probados. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador.

 

En cuanto a la relación del error iuris con  la correcta aplicación del tipo de prevaricación del art. 320.1 CP, el popular fundamento de esta alegación se sustenta en el error que pudiera haber cometido el juez de instancia al considerar al imputado como autoridad o funcionario público competente. Aunque pudiera parecer una cuestión sencilla, la cuestión encuentra su dificultad al tener que concretar si la actuación del funcionario en cuestión tuvo una función directa en el perfeccionamiento del tipo penal, esto es, que su actuación perfeccionase directa o indirectamente la actuación administrativa injusta.

 

Para el Tribunal Supremo es claro  que  es un dato de inequívoca naturaleza fáctica y por ello susceptible de verdad o falsedad. Como tal, su control en el caso de sentencias condenatorias, solamente cabe por el específico cauce de la vulneración de la presunción de inocencia o, más limitadamente, por la de error de hecho 849.2 LECrim. Además, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la facultad de los magistrados se concreta en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia.

 

 

Francisco Santiago Fernández Álvarez, abogado.

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