¿Funcionarios al banquillo?

¿Es relevante penalmente  que el puesto de máxima responsabilidad desconociera de las actuaciones ilegales que otros llevaban a cabo?

 

 

La actualidad jurídica pone el foco fundamentalmente en el Derecho Administrativo y en el Penal, no porque las otras ramas estén exentas de noticias sino por su actuación en tantos hechos que hoy nos ocupan a todos. Desde Puigdemont y todo el caso catalán a los ERE, ambas materias encuentran  grandes retos para nuestro sistema que nos ayudan a plantearnos si el Derecho responde a la realidad o no está tan preparado como pensábamos.

Sin pretender un análisis minucioso de cada uno de los aspectos que engloban este tipo de casos, sí que debemos advertir un elemento que posiblemente sea muy llamativo: Las posibles conexiones jurídicas de responsabilidad entre quien ostenta un cargo público de importancia y sus  subordinados.

Quizás una reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada ilustre bien el problema. Existen numerosos casos en la jurisprudencia en los que el delito contra la Administración Pública dista mucho de ser sencillo de esclarecer pues ayuntamientos y demás organismos están muchas veces dotados de una gran estructura  acorde al servicio que prestan. En el supuesto de que uno de aquellos funcionarios cometiese un delito existe la eterna cuestión de si sus superiores, no cualquiera sino aquellos obligados a la adecuada confirmación y control de todas las actuaciones, también serían imputados y si compartirían también la responsabilidad en los delitos asociados a aquel en un concurso real.

En cuanto a la responsabilidad de los superiores, el Tribunal Supremo ha venido entendiendo que la aplicación de un criterio unitario es imposible pues debe atenderse siempre al caso concreto y si en él concurren circunstancias que permitan el reproche penal. Tales cuestiones  como la obligada autorización del hecho, independientemente que éste no fuera adecuadamente informado, la posibilidad de haber conocido la acción, el consentimiento tácito en la acción delictiva etc… Son claramente  insuficientes y abstractas pero una cosa es clara, de existir un nexo claro entre la autorización o decisión ilegal y el inculpado la jurisprudencia confirma que indudablemente puede imputarse, siempre que tal comportamiento se realice de una forma activa y que tenga una entidad jurídica, no simplemente de mero conocimiento.

Por este motivo también podrían imputarse los delitos asociados a la acción principal, pues sería absurdo encontrar responsable a quien participó del delito contra la Administración Pública y eximirle de las consecuencias materiales que tal acto trajo, normalmente un delito de daños.

Se trata de una figura compleja carente muchas veces de criterios uniformes y que, para bien o para mal, dependen demasiado del caso concreto. Por ello seguiremos atentos a los acontecimientos que, sin lugar a dudas, traerán grandes novedades.

 

 

Francisco Santiago Fernández Álvarez, abogado

 

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