Funcionarios falsificando ¿estrategia?

¿Como recurrir el delito de falsificación documental?

 

 

El delito de falsificación de documento público supone una figura de una u otra forma peligrosa en el día ordinario de la administración pública habida cuenta de la inmensa cantidad de denuncias, documental recibida etc.. En muchos casos los tribunales han terminado por sentenciar la inocencia del funcionario correspondiente en base a una probatoria que distaba mucho de ser acreditativa de tal delito. Surge entonces la pregunta sobre muchos antecedentes en los que los recurrentes, ya en la instancia casacional, defienden que  el juez no conoció de algún tipo de documento que impediría la sentencia absolutoria, dictada finalmente a expensas del afectado: ¿puede llegar tal suceso a casación? ¿puede el Tribunal Supremo casar una sentencia absolutoria en base a los nuevos documentos recibidos?

 

Esta coyuntura bien podría subsumirse en la fórmula impugnativa conocida como “error facti”, contemplada en el artículo 849.2 LECrim cuyo tenor literal reza:

Se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: (…) Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios

 

Tal estrategia tiene como finalidad última la modificación del relato de los hechos, alterando con ello la conclusión absolutoria alcanzada y vendrá a ser rechazada sistemáticamente por el Tribunal Supremo en base a los siguientes puntos que pueden introducir al lector no solo en este supuesto particular sino como límite infranqueable de los pronunciamientos del Alto Tribunal:

Según el TSen la actualidad es herramienta muy poco útil para las acusaciones como consecuencia de los estrictos condicionantes derivados de la conocida y consolidada doctrina de esta Sala sobre la imposibilidad de variaciones fácticas contra reo a través de un recurso devolutivo, menos si es de carácter extraordinario y no habilita trámite alguno para conferir audiencia a los afectados como sucede en casación” (STS de 14 de febrero de 2014, nº 146/2014, y de 14 de octubre de 2016, Nº 767/2016).

Según la doctrina constitucional, aceptar la casación de una sentencia absolutoria devendría en una vulneración de los principios de publicidad, inmediación y contradicción del art. 25 CE pues toda condena debe fundarse en una actividad probatoria examinada directamente por el juez competente y que dictará la sentencia en el marco de un debate público entre las partes que concierne también a la segunda instancia de solicitarse en la apelación  (SSTC 167/2002; 21/2009; 24/2009; 80/2013 ;120/2013; 191/2014)

Esta doctrina constitucional queda respaldada y fundamentada en doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) según el cual “Cuando el Tribunal ad quem ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niega haber cometido la infracción considerada punible”. El TEDH ha ido más lejos de lo que sostuvo nuestro Tribunal Constitucional en los primeros años de recepción: impone la audiencia directa del acusado por el Tribunal antes de resolver, aunque la decisión del recurso se base en prueba documental o en una revisión de inferencias ( SSTEDH de 26 de mayo de 1988, Ekbatani vs Suecia; 29 de octubre de 1991, caso Helmers vs Suecia , caso JanAke Anderson vs Suecia y caso Fejde vs Suecia; 27 de junio de 2000, caso Constantinescu vs Rumania  y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros vs San Marino entre otros).

 

¿Qué conclusiones caben ante este pronunciamiento?

Para que los magistrados del Tribunal Supremo pudieran aceptar la modificación de los hechos en los que se fundamenta la sentencia a través de la fórmula “error facti” sin entrar en incoherencias con la doctrina de la Sala, es necesario no apelar en la fundamentación del recurso a una documental o hecho no propuesto como prueba tanto en primera como en segunda instancia, habida cuenta que tal supuesto queda perfectamente regulado en la LECrim y no compete a la casación alterarlo. Habiéndose practicado la prueba ante el juez, no contemplando la sentencia dicha documental acreditativa del hecho delictivo, se podrá interponer el recurso de casación para que los magistrados, advertidos de la presencia de una prueba indudable que no fue tenida en cuenta por el juez de segunda instancia, podrán casar la sentencia conforme a lo establecido en la Ley y en la propia doctrina de la Sala y constitucional. La sentencia mencionada al principio del artículo constituye una prueba de este tipo de supuestos que revelan una vez más la importancia de los cauces procesales y de la necesaria dedicación letrada que desde el primer momento debe salvaguardar todas las fases del proceso.

 

 

 

Francisco Santiago Fernández Álvarez, abogado.

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